Reportaje de la criminalización de la lucha social

Es un crimen ser luchador social
Los movientos sociales, terrorismo contra el Estado
Crear un frente contra la represión

De luchadores sociales a terroristas, la lucha social como organización delictuosa; cuando la defensa del los derechos civiles y políticos se vuelven un crimen de Estado, los movimientos sociales en nuestro país son perseguidos y satanizados por el sistema político mexicano, por los tres niveles de gobierno(federal, estatal, municipal), y el doble discursos del gobierno mexicano ante organismos internacionales en materia de la defensa de los derechos humanos; también el rechazo de esos movientos por parte de otro poder fáctico, es decir, de los medios de comunicación.
Qué es un preso político o prisionero político
Un prisionero político es una persona a la que se mantiene en prisión o bajo arresto porque sus ideas suponen un desafío al sistema político establecido. Un preso de conciencia es un ser humano encarcelado por sus ideas políticas, creencias religiosas, origen étnico, sexo, idioma, origen nacional o social, situación económica u otra circunstancia, y que no ha incurrido en delito ni ha recurrido a la violencia o propugnado su uso. Se le encarcela solamente por sostener ideas, creencias o condiciones de vida contrarias a las del grupo en el poder (La Jornada 8/05/07).

De luchador social a criminal de Estado, la reforma penal

Las cifras sobre el número de detenidos políticos, o llamados presos políticos, varían de entre 500 y 800 en la geografía mexicana. “Compañeros nosotros somos en potencia terroristas de acuerdo con la reforma al artículo 139 de Código Penal Federal”, dijo en conferencia de prensa el luchador social, maestro de la Facultad de Economía de la UNAM, Ángel Benhumena a fuera del penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, estado de México, lo anterior fue en el marco de la Caravana Motorizada por la Libertad de lo Presos y Presas de Atenco y de la otra campaña, el pasado sábado 5 de mayo de 2007.
Con la reforma a dicho artículo ahora la lucha social es equiparada con actos terroristas; en la que impone sanción de seis a 40 años de prisión, y hasta mil 200 días de multa y las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Tal es el caso de los 7 estudiantes de la Preparatoria 8 de la UNAM, quienes por asistir junto con organizaciones sociales el día 16 de marzo del 2006 a una marcha en repudio al IV Foro Mundial del Agua fueron detenidos, golpeados y robados por elementos de la Secretaría de la Seguridad Pública, estos, sembraron objetos (explosivos) a los supuestos agresores (estudiantes) y remitidos a la agencia 50 del Ministerio Público (MP) y sujetos a proceso penal, ahora con la actual reforma anteriormente dicha, el delito que alcanza 15 años de prisión o más.
Las protestas sociales son actos que allanan el poder del Estado, en los datos del periodista Herman Bellinghausen son los siguientes. Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).
Las muertes de activistas sociales y políticos alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino, de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas Atempa, Oaxaca.
La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha generalizado. Parece haber "consigna" contra los anarcos, punks y similares. La más reciente, este primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.
Un dato es el crecimiento exponencial de conductas aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o "permisos" al menos) de las policías en capitales y municipios, a lo que se agregan hostiles custodios, agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones, vejaciones, tortura, amagos de muerte.
Analistas y activistas subrayan la criminalización de la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran" armas o droga. Los medios electrónicos obran como jueces o han incitado a un "restablecimiento del orden" por regla violento, inconstitucional e impune. A esto se suma una atonía de las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en complicidad con los verdugos.

Ignacio del Valle enemigo del gobierno, los narcos “buenas personas”

El juez primero penal en Toluca, José Blas Hernández, sentenció a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez e Ignacio Galindo, a 67 años y seis meses de prisión cada uno.
El juez determinó una sentencia acumulada, considerando para cada una de las acusaciones una condena de 33 años ocho meses, que acumuladas suman 67 años seis meses.
Los abogados de los líderes de San Salvador Atenco tienen cinco días para apelar.
Bárbara Zamora, abogada defensora, explicó: “Esta claro, que por la cantidad de años, se trata de una venganza, porque ni las presuntas víctimas los identificaron como los responsables de su retención, por lo cual no existen elementos para sostener una sentencia de este tipo”.
Muchas personas de Atenco están molestas por la sentencia dictada y también de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional(EZLN), en el acto realizado el 5 de mayo, en el exterior del penal de Santiaguito, el representante de la Junta de Buen Gobierno (JBG) de los altos de Chiapas, Amos declaró: ”Por eso venimos a dar nuestra palabra y nuestro total apoyo a todos los presos y presas del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra (FPDT) y de la otra campaña porque sabemos que sus lucha son justas y necesarias. Hermanos presos, sabemos que desde allá dentro son un ejemplo a seguir porque desde la cárcel siguen luchando y desafiando a los poderosos, es un ejemplo para el pueblo de México, sabemos que ni con cárceles, asesinatos, violaciones y secuestros detendrán nuestra lucha, porque esa lucha es justa y es para todos los mexicanos y la humanidad“.
“Hermanos, presos desde hace un año sepan que mantenemos incondicionalmente nuestro apoyo a los pueblos en lucha y a todos nuestros presos y presas de los adherentes de todo el país; nosotros las bases de apoyo del EZLN de los pueblos organizados en resistencia y rebeldía damos nuestra palabra, por eso nuestros pueblos nos envió a decirles desde las cárceles lo que sentimos por ustedes“.
“Por eso nuestros pueblos mando a decir que no vamos a permitir nunca que el Estado mexicano desarticulen nuestra lucha, nuestra organización, como lo quisieron hacer con el pueblo combativo de San Salvador Atenco, compañeros debemos seguir actuando desde las cárceles, desde nuestra clandestinidad, desde cualquier parte donde nos encontremos, porque ni con golpes que lanzaron los gobiernos federal y del Estado de México no lograron desarticular nuestra lucha y nuestra organización por eso decimos hoy que nosotros salimos ganando y los represores salieron perdiendo. La Junta de Buen Gobierno, consejos autónomos y bases de apoyo de nuestros pueblos organizado, estaremos al tanto de cualquier cosa que se presente en cualquier parte del pueblo de México”.
Por otro lado, el juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México dictó sentencia condenatoria de 18 años contra Ismael Higuera Guerrero, alias "El Mayel" , líder de una célula criminal de narcotráfico de los Arellano Félix.
Y en el mismo sentido, los legisladores de los partidos del PRI y PAN han exhortado el error de equiparar la lucha social como terrorismo o narcotráfico.


Crear un frente contra la represión del Estado

Foro contra la represión el 6 de mayo de 2007 convocado por el EZLN.
En palabras del articulista del periódico La Jornada, Luís Hernández Navarro; “los presos políticos se encuentran tras las rejas fueron víctimas de los cuerpos policiales de violencia. Fueron golpeados, torturados, e, inclusive, abusados sexualmente, durante y después de su arresto. No pocos se encuentran en condiciones carcelarias humillantes. Varios están recluidos en penales de alta seguridad, al lado de torturadores, narcotraficantes y secuestradores“, dijo.
“Un enorme número de los presos políticos son jóvenes, y no son pocos los dirigentes populares que encabezaron luchas de protesta. Son los damnificados de una política que ha decidido criminalizar la expresión pública del malestar social antes de abrirle espacios reales de negociación. Los prisioneros a los que se les asocia con organizaciones guerrilleras son una minoría”, recalcó.
“Los partidos políticos que se reclaman de izquierda se han desentendido del asunto. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni siquiera se ha hecho cargo en serio de los militantes suyos que han perdido la libertad por participar en el movimiento contra Ulises Ruiz en Oaxaca. Algunos de sus dirigentes temen que la opinión pública los asocie con la violencia si defiende a los presos en serio. No existe en México un organismo similar al Frente Nacional contra la Represión, que, a finales de la década de los 70, encabezó la lucha por la presentación de los desaparecidos y la liberación de los detenidos por sus convicciones”, expuso (La Jornada 8/05/07).
En un foro convocado por el EZLN el domingo pasado 6 de mayo de 2007 llamado Foro Nacional contra la Represión, celebrado en Dr. Carmona y Valle número 32, el Sub Comandante Insurgente Marcos, señaló lo siguiente: “Como si hubiera sido la campanada de arranque, el golpe represivo contra el pueblo de San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y La Otra Campaña, fue el inicio de una serie de amenazas cumplidas en contra de organizaciones, grupos, colectivos e individuos, principalmente contra aquellas, aquellos que nos encontramos fuera y debajo de la política institucional“.
“Oaxaca sumó su nombre al de Atenco, luego fueron Yucatán y San Luís Potosí. Pero no son los únicos. Además de los golpes, las detenciones y las torturas, la Otra Campaña debe soportar la calumnia de algunos medios de comunicación, o el silencio de otros que, antaño, eran el cristal para asomarse a los movimientos sociales.
No es sólo la criminalización de la lucha social, ni sólo proviene de la llamada derecha realmente existente y en el poder federal“, expuso.
“Se trata, pensamos nosotros, de algo que repite métodos antiguos pero con un mensaje agregado. Al golpear al movimiento social no sólo se le acota y persigue por sus demandas, también y sobre todo se le advierte que, en México, sólo se puede hacer política en las instituciones, es decir, en los partidos políticos electorales”, enfatizó.
“En la destrucción del Estado Nacional mexicano, no sólo la independencia y la soberanía están en la lista de bajas, también la cohesión política. Si antes el presidencialismo era la columna vertebral del sistema político mexicano, el paso del quehacer político a un quehacer comercial, más preocupado por los vaivenes del mercado electoral que por gobernar, ha provocado que nuestro país se vea como un desordenado archipiélago.
Como un animal herido de muerte, el Estado Nacional en México, da furiosos coletazos. El Estado Nacional ha quedado ya en andrajos y difícilmente puede ocultar su verdadera naturaleza violenta, ilegítima e ilegal. Vulnerado y sometido por el papel de los medios de comunicación, ha abandonado ya las labores de gobierno, y se ha dedicado a la represión sutil o descarada, selectiva o masiva, pero siempre torpe, ilegítima e ilegal”, señaló.
“Sin un referente y cohesionador nacional, se han ido creando feudos más o menos grandes. A veces se trata de estados, a veces de regiones dentro de una entidad o abarcando varias. En esos feudos, los señores post modernos han convertido en paisitos lo que antes eran estados o municipios. En ellos han hecho sus alianzas y dependencias, no con el crimen organizado porque no son sino el brazo político de éste, también con los grandes capitales trasnacionales, que negocian privilegios y prebendas a cambio de apoyos no tan ocultos”, dijo.
“La creación de una instancia nacional, realmente nacional, contra la represión, es decir, no sólo para denunciar la represión, sino también para prevenirla. Esta instancia, cuyo nombre podría ser COMISIÓN o FRENTE o FORO NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN. No selectivo, sino abarcante, porque luego resulta que sólo se nombra y se hacen acciones por presos y presas específicos, como si hubiera algunos más importantes que otros. Debe ser no un suplantador de organizaciones, grupos o movimientos, sino un identificador de quién, dónde, cómo, por qué”, señaló.
Los narcos son buenas personas, pero alguien que reclama sus derechos y garantías es un criminal que nos espera como sociedad.